La Encrucijada del Poder Judicial Mexicano: Política vs. Experiencia
El 31 de enero de 2025 marca un hito preocupante en la historia del sistema judicial mexicano. La publicación de solo ocho tesis y jurisprudencias en el Semanario Judicial de la Federación, cuando el promedio histórico ronda las cuarenta, no es una simple estadística: es el síntoma más visible de una crisis institucional sin precedentes desde la promulgación de la Constitución de 1917.
Esta drástica reducción en la producción jurídica no es casualidad. Si bien es cierto que el sistema judicial mexicano enfrentaba desafíos significativos, incluyendo casos documentados de corrupción que exigían atención inmediata, la solución implementada mediante una reforma judicial que privilegia la popularidad sobre el estudio y la experiencia, ha desmantelado décadas de profesionalización en la carrera judicial. En lugar de fortalecer los mecanismos de supervisión y disciplina judicial para atacar puntualmente los casos de corrupción, se optó por desarmar completamente un sistema que, a pesar de sus imperfecciones, había logrado consolidar un cuerpo de juristas altamente capacitados. La sustitución del sistema de carrera judicial por un modelo de elección popular representa un retroceso histórico que amenaza los cimientos mismos de la administración de justicia en México.
Los pasillos de los tribunales, antes transitados por juristas de carrera con décadas de experiencia, hoy se encuentran poblados por secretarios ejerciendo funciones de titulares. No es que estos servidores públicos carezcan de capacidad, sino que la reforma ha provocado una fuga masiva de talento: magistrados y jueces experimentados han optado por la jubilación anticipada antes que ser parte de un sistema que desprecia la meritocracia judicial.
La decisión del Tribunal Electoral de transferir al Senado —una atribución que constitucionalmente no le corresponde— la facultad de proponer los candidatos que originalmente corresponden a la Suprema Corte, evoca peligrosamente prácticas observadas en regímenes autoritarios de la región. La implementación de una tómbola para determinar quiénes participarán en las elecciones judiciales no solo es jurídicamente cuestionable, sino que reduce la selección de jueces y magistrados a un ejercicio de azar político.
El partido gobernante, MORENA, justifica esta transformación radical citando encuestas que supuestamente respaldan el cambio. Sin embargo, estos estudios demoscópicos adolecen de un defecto fundamental: se basan en respuestas de una población que, comprensiblemente, no distingue entre las diferentes funciones y niveles del sistema judicial. Confundir a un juez federal con un ministerio público local no es un error del ciudadano, sino una muestra de la complejidad del sistema que ahora se pretende distorsionar a costa de su eficacia.
La verdadera tragedia de esta reforma radica no solo en el mensaje que envía a las nuevas generaciones de juristas —que el estudio, la dedicación y la experiencia han dejado de ser el camino hacia la excelencia judicial— sino en la pérdida de valiosos elementos del poder judicial que están siendo reemplazados no por su falta de capacidad o integridad, sino por el simple hecho de no contar con el respaldo popular o las conexiones políticas adecuadas. En lugar de depurar selectivamente los elementos problemáticos del sistema, se ha optado por una solución radical que expulsa indiscriminadamente tanto a los servidores públicos honestos y capaces como a aquellos que pudieran haber incurrido en conductas indebidas. En su lugar, se privilegia la capacidad de movilización política y la cercanía con el poder. Esta transformación no solo afecta a los actuales funcionarios judiciales, sino que compromete el futuro mismo de la justicia en México.
La desmotivación que hoy se refleja en la producción jurisprudencial no es más que la punta del iceberg. Detrás de cada tesis no publicada hay casos sin resolver, criterios sin unificar y, sobre todo, ciudadanos cuyo acceso a la justicia se ve comprometido por un sistema que ha decidido privilegiar la política sobre la experiencia judicial.
Como profesionales del derecho, no podemos permanecer en silencio ante este desmantelamiento sistemático de una de las instituciones fundamentales de nuestra democracia. La independencia judicial, la carrera profesional y la meritocracia no son conceptos abstractos: son los pilares que sostienen un sistema de justicia eficiente y equitativo.
La historia juzgará este momento como uno de los más oscuros en la evolución del derecho mexicano. Solo resta esperar que la sociedad tome conciencia de la gravedad de estas modificaciones antes de que el daño al sistema judicial se torne irreversible.
Este artículo refleja la preocupación de la comunidad jurídica ante los cambios recientes en el sistema judicial mexicano y sus implicaciones para el futuro de la justicia en nuestro país.
